Oficializa pleno del Congreso improcedencia de la despenalización del aborto

Oficializa pleno del Congreso improcedencia de la despenalización del aborto
Oficializa pleno del Congreso improcedencia de la despenalización del aborto

Con el aval de 24 diputados presentes en la sesión extraordinaria de este jueves; el rechazo de Vicente Benítez, del Panal y la abstención del panista Hugo González Saavedra y la perredista María Adela Escamilla Moreno; el Congreso del Estado oficializó la improcedencia de la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaba los artículos 149, 150 y 154, del Código Penal para el Estado, para no considerar como delito el aborto llevado a cabo, cuando menos, durante las primeras 12 semanas de gestación.

Y es que las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, resolvieron que la propuesta entraba en colisión con el texto actual del Artículo 4 de la Constitución del Estado, que prevé la obligación de todas las autoridades de velar por el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

De esta manera, las dictaminadoras arribaron a la conclusión que lo estipulado en la Carta Magna imposibilita que una ley reglamentaria, como lo es el Código Penal, prevea supuestos normativos que vayan más allá de lo asentado en ella.

“Las y los diputados integrantes de estas dictaminadoras consideramos que, toda vez que el derecho a la vida humana está protegida desde la concepción, por la Constitución Política del Estado, este Poder Legislativo está impedido para reformar el tipo penal del aborto en su Artículo 149 contenido en el Código Penal”, se indica en el proyecto que fue avalado por los legisladores del PAN, PRD, el del PVEM y el del Panal.

En el mismo se expuso que, “modificar el referido artículo, como lo proponen los autores y autoras, es decir, establecer que el Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, no es procedente, en razón de que esta norma secundaria, estaría contraviniendo lo que señala nuestra Carta Maga Veracruzana, de hacerlo, esta Soberanía estaría incurriendo en un acto de inconstitucionalidad”.

Cabe recordar que el pasado 27 de junio, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en voz de Tanya Carola Viveros Cházaro, presentó la propuesta, toda vez que el marco jurídico penal vigente en nuestra entidad no contempla la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los casos en que existen elementos que acreditan la existencia de un riesgo real e inminente para la salud de la mujer.

Por tal motivo, señalaban que se limita el ejercicio del derecho de las mujeres veracruzanas a la salud, específicamente a la salud sexual y reproductiva, pues al negárseles el servicio bajo este supuesto se ven orilladas a buscar abortos clandestinos o continuar con embarazos, en ambos casos, arriesgando la salud, la integridad y hasta la vida.

Los legisladores morenistas expusieron en la iniciativa que persiste un obstáculo para la interrupción, pues debe de hacerse dentro de los 90 días posteriores a la agresión, por lo que dicha característica normativa, establecida en la fracción II del artículo 154 del Código Penal de nuestro Estado, es contraria a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas.

Misma que es de observancia en todo el territorio nacional, y sus disposiciones son obligatorias para toda autoridad, federal o local que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, la cual en su artículo 29, establece la obligación para toda institución hospitalaria pública de dar atención inmediata de emergencia a las víctimas.

En la exposición de motivos, referían las Observaciones contenidas en el informe que elaboró el grupo de trabajo encargado del análisis de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, mismas que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), remitió al Gobierno del Estado de Veracruz y que el pasado 24 de marzo de 2017, fueron aceptadas para su análisis y, en todo caso, para tomar las medidas que se consideraran oportunas de acuerdo al contexto veracruzano.